Estados Unidos acaba de incautar en suelo dominicano un avión presidencial controlado por la dictadura venezolana. La aeronave, valorada en 13 millones de dólares, ha sido intervenida por las autoridades de la isla a petición del gobierno de Joe Biden, que pretende golpear de esta forma al régimen socialista por sus violaciones reiteradas de distintas leyes de exportaciones, así como por el cumplimiento de las sanciones impuestas por Washington a la tiranía bolivariana.
El embargo del avión, modelo Dassault Falcon 900X, ha reavivado la rumorología sobre la posibilidad de que España enfrente una situación similar en el futuro, en caso de que persistan los impagos de los laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Pero, ¿acaso es probable que se produzca una situación así y que el Falcon empleado por el presidente Pedro Sánchez acabe en manos de los acreedores del Reino a través de una incautación como la que han coordinado las autoridades estadounidenses y dominicanas?
De entrada, cabe recordar que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) cuando ofreció las primas renovables y, por tanto, la retirada retroactiva de las mismas supuso una clara violación del principio de seguridad jurídica reconocido en dicho convenio. Asimismo, el TCE dispone que los inversores afectados por este tipo de situaciones pueden acudir a los tribunales de arbitraje internacional para hacer valer sus derechos y evitar este tipo de arbitrariedades.
Más de 50 compañías optaron por hacer lo propio y, hasta la fecha, España ha sufrido 26 condenas por lo sucedido. Puesto que el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a desembolsar los 1.562 millones de euros reconocidos a dichos inversores en concepto de indemnización, los afectados han acudido a otros países firmantes del TCE para que sea la justicia de dichas jurisdicciones la que tome cartas en el asunto.
Así, los laudos dictados por el CIADI han sido elevados a la magistratura de otros países firmantes del convenio que regula el funcionamiento del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, caso de Reino Unido, Australia o Bélgica. En estos tres casos, nuestro país ha sido formalmente declarado como un país deudor y, puesto que los impagos han continuado, los acreedores han empezado a embargar bienes de España en suelo británico y belga (próximamente se esperan escenarios similares en Australia).
En cuanto a Estados Unidos, la justicia norteamericana ha tumbado recientemente el argumento de la Abogacía del Estado del Reino de España, que alegaba inmunidad soberana como dique de contención ante la posible incautación de sus activos y bienes que posee en el país del Tío Sam.
Por lo tanto, son ya cuatro jurisdicciones en las que plantean este tipo de problemas. En todas ellas, a priori, el Falcon del gobierno español podría ser reclamado por parte de los afectados.
¿Corre peligro el Falcon?
Todo esto nos lleva a la posible incautación del Falcon. Además de lo ocurrido en República Dominicana, hay otros precedentes como la intervención de un avión propiedad del Estado de Tailandia por parte de Alemania. Dicho episodio, que data del año 2011, sirvió para resarcir parcialmente a un grupo de acreedores afectado por un impago de más de 40 millones.
Sin embargo, fuentes conocedoras de este tipo de procesos advierten a Libre Mercado que "los aviones presidenciales sí pueden ser considerados como activos esenciales para el desarrollo de la política exterior, lo que hace que su embargo resultó menos factible, en la medida en que tales acciones suelen quedar blindadas por las normas que fijan los escenarios de inmunidad soberana".
Asimismo, expertos en este tipo de incautaciones señalan a este diario que "mantener un avión en tierra resulta muy costoso… Muchos acreedores huyen de este tipo de embargos por los gastos de mantenimiento y por la imposibilidad de rentabilizar las aeronaves mientras se dilatan los tiempos de espera de las apelaciones presentadas por los afectados ante la justicia de los países donde se embarga el avión".
Por lo tanto, se considera "poco probable" un intento de incautación del Falcon, por mucho que un escenario así pudiese suponer un golpe muy simbólico al gobierno de Pedro Sánchez.